Picardías שובבות

El ex diputado nacional Rafael Martínez Raymonda pidió a la presidenta Cristina de Kirchner que anule las declaraciones juradas de venta al exterior presentadas por los exportadores antes del 7 de noviembre del año pasado, cuando el gobierno subió las retenciones a las exportaciones de soja del 27,5% al 35%.
El Gobierno no reglamentó una ley de su autoría, sancionada en diciembre por el Congreso, que obliga a los exportadores a pagar el 35% de impuesto por esas operaciones.
Antes de esa fecha, cuando el aumento de los derechos de exportación era previsible, los exportadores de soja y subproductos se apuraron a presentar declaraciones juradas con compromisos de venta al exterior por 18,7 millones de toneladas, 40% de la campaña 2007/2008, que por entonces recién se comenzaba a sembrar.
Entonces, los exportadores se aseguraban que al momento del embarque iban a pagar la alícuota anterior, del 27,5%.
Con excepción de 4 millones de toneladas que habían comprado con anterioridad, los exportadores salieron a adquirir los granos a los productores aplicando 35% de derecho de exportación.
La diferencia de 7,5 puntos fue una transferencia directa del productor a la exportación, US$ 1.500 millones que resultó una suerte de ‘retención privada’.
Martínez Raymonda presentó el proyecto de ley que obligaba a los exportadores a acreditar que habían comprado previamente la mercadería declarada en el registro.
Caso contrario, debían pagar, cuando embarcaran, los derechos de exportación más altos.
La iniciativa fue votada por Diputados, pasó al Senado, donde fue aprobada con una pequeña modificación que ‘alivió’ la carga de los exportadores, y finalmente fue sancionada el 26 de diciembre por la Cámara baja.
A 4 meses, la ley no fue reglamentada por el Ejecutivo Nacional.
De esta forma, explicó Martínez Raymonda, ‘a medida que se embarcan las partidas de soja declaradas hasta el 7 de noviembre, se le liquidan a los exportadores con la alícuota del 27,5%’.
En el medio pasaron 2 aumentos de retenciones.
Por eso, pidió a la Presidenta que utilice el artículo 8 de la ley que regula el registro de declaraciones juradas para anular las anotaciones ‘falsas’.
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